Jueces de la República, en lugares apartados de Colombia, tienen que hacer “milagros” para cumplir con sus labores diarias. Un ejemplo tangible es el del despacho de una jueza de Vichada, donde no cuentan con un flujo estable de energía eléctrica ni tampoco con servicio de internet, por lo cual la funcionaria debe gestionar más del 90 por ciento de sus funciones desde su teléfono móvil.
Sin embargo, esta no es la única barrera que dificulta el acceso a Justicia como un derecho fundamental en Colombia. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), alrededor de 1.8 millones de procesos jurídicos reposan en los despachos judiciales sin presentar mayores avances, cifras actualizadas a noviembre de 2022.
En Colombia se designan sólo 11 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el parámetro ideal internacional es de 65 por cada 100 mil. La falta de herramientas telemáticas, servicio de internet, uso de equipos tecnológicos actualizados o al menos acceso a la red eléctrica generan consecuencias graves para la justicia. Según CEJ, el 57 por ciento de los departamentos del país se clasifica en niveles altos o elevados de impunidad, de acuerdo con el índice Global de Impunidad de 2019.
Si bien la pandemia de la COVID 19 aceleró el colapso del sistema judicial tradicional, evidenciando las falencias tecnológicas de esta rama del poder, paradójicamente empujó su evolución: Gracias a la intensificación del uso de las tecnologías de la información (TIC´s), durante el 2020 aumentó la productividad de las Altas Cortes y el sector ahorró cerca de 5.396 millones de pesos. Las audiencias judiciales virtuales aumentaron en un estratosférico 2854 por ciento, pasando de 29.000 en 2019 a 856.756 en 2020, según datos del Instituto de Ciencia Política (ICP.)
Frente a este delicado panorama, el profesor Daniel Castaño, docente e investigador en regulación y nuevas tecnologías de la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y quien es auspiciado por Microsoft, se dio a la tarea de trabajar en el documento que hoy se presenta a la opinión pública, llamado “Justicia como servicio digital”, con el acompañamiento del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga,
El informe propone usar la tecnología como una herramienta humanizadora del sistema de administración de justicia en Colombia. De acuerdo con la CEJ, entre el 39 por ciento y el 59 por ciento de los casos que llevan los magistrados son procesos viejos que no han tenido respuesta.
“La implementación de un sistema 100 por ciento digital apalancado de soluciones como la nube y la inteligencia artificial permitiría reducir la alta litigiosidad, al tiempo que ayudaría a fortalecer la accesibilidad y transparencia de nuestro sistema de justicia, tres pilares de vital importancia para lo que hoy necesita Colombia”, afirmó el profesor Castaño.
“Este estudio nos muestra cómo a través de una implementación estructurada y completa de la tecnología se pueden lograr cambios profundos en nuestro sistema de administración de justicia. Aunque para esto existen retos aun importantes por resolver relacionados con la conectividad, el fomento del uso de las TIC desde las Universidades, la digitalización de los expedientes, la generación de un marco tecnológico unificado para todo el sistema de justicia y el impulso del uso de las TIC por parte de los funcionarios de la rama judicial; esta visión de la tecnología proyecta su uso como articulador de la solución de viejos problemas que han afectado a la administración de justicia actual”, puntualizó Andrés Rengifo, director de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft para la región andina.
