La transformación digital en el ámbito de la justicia ha sido objeto de diversas iniciativas en diferentes entidades responsables de su administración en Colombia. Si bien es alentador ver estos esfuerzos, es importante destacar que muchas de estas iniciativas no están debidamente alineadas, ni tienen una unidad institucional basada en estándares y lineamientos comunes. Así lo expone el documento Conpes 4042 de marzo de 2021 que regula el plan estratégico de transformación digital de la justicia 2021 – 2025.
De acuerdo con Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Universidad de los Andes, experto en gestión pública e Inteligencia Artificial, esta falta de alineación y unidad institucional puede resultar en una escasa efectividad, eficiencia y oportunidad en el sistema de justicia. Si cada entidad responsable de la administración de justicia desarrolla su propia estrategia digital sin una coordinación adecuada, es probable que se generen redundancias y dificultades en la colaboración entre las diferentes instituciones.
“El Consejo Superior de la Judicatura y la Rama Judicial tienen la tarea de lograr la interoperabilidad de los sistemas o tener uno solo, porque actualmente los usuarios, entre ellos los funcionarios judiciales y los abogados, necesitan acceder a la información y esta desarticulación se convierte en una barrera”, explicó Gutiérrez.
Al tener una alineación y unidad institucional basada en estándares y lineamientos comunes, se pueden lograr múltiples beneficios. Por ejemplo, se facilita el intercambio de información y datos entre las diferentes entidades, lo que agiliza los procesos judiciales y reduce la carga administrativa. Además, se promueve la transparencia y el acceso a la justicia, al permitir que los ciudadanos puedan realizar trámites y consultas de manera digital.
Es importante destacar que la transformación digital en la justicia no se trata solo de implementar tecnología, sino de generar un cambio cultural y organizacional. Esto implica capacitar al personal judicial en el uso de herramientas digitales, promover la colaboración y el intercambio de mejores prácticas, y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la efectividad de las iniciativas digitales.
En la actualidad existen por lo menos tres iniciativas de transformación digital en marcha para temas de administración de justicia:
Prisma, de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un modelo de aprendizaje supervisado, por medio del cual se predice la probabilidad de reincidencia a través del análisis de patrones de criminalidad y otras variables de probabilidad.
Fiscal Watson, también de la Fiscalía, es un sistema de Inteligencia Artificial creado para la asociación de casos a través de bases de datos no estructuradas. Esta iniciativa tiene dos objetivos; el primero, que la Fiscalía pueda asignarles casos automáticamente a sus fiscales, y el segundo, que la institución esté en la capacidad de hacer asociaciones entre casos.
Pretoria, de la Corte Constitucional, es un sistema que permite analizar y clasificar la información de sentencias diarias que recibe la corte con el fin de detectar casos prioritarios de tutela, y así fortalecer el precedente judicial.
El mismo documento Conpes 4042 de marzo de 2021 expone que el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de llevar el proceso de digitalización en la Rama Judicial, determinó que existe multiplicidad de los distintos sistemas de información y herramientas informáticas que soportan los procesos misionales y administrativos, y además presentan altos niveles de obsolescencia y alta dispersión de información, lo cual ha dificultado la implementación, uso, disponibilidad y aprovechamiento de la gestión tecnológica.
A fecha de 2020, había 5.446 despachos judiciales permanentes de los cuales, 2.620 usaban el sistema Justicia XXI cliente servidor, 968 usaban el sistema Justicia XXI web y 55 despachos usaban el Portal de restitución de tierras. Esto pone en evidencia que, a pesar de existir un sistema común, no hay acuerdos ni protocolos armonizados para el uso de la herramienta al interior de la Rama Judicial, perdiendo oportunidades de mejora y eficiencia en la implementación de este software.
Para José Fernando Quintero, director de Administraciones Públicas de América Latina en Minsait, es importan generar iniciativas donde los sistemas de información empiecen a consolidar la información con herramientas centralizadas y ágiles de Inteligencia Artificial, machine learning y Big Data, porque son las que permitirían almacenar, gestionar de manera segura y transparente toda la información del sistema judicial del país.
“La Inteligencia Artificial tiene un papel importante dentro del sistema de justicia, porque puede a extraer la información de manera ágil, certera y precisa. Evidentemente nunca reemplazará las jurisprudencias y las decisiones de los jueces del sistema judicial colombiano, pero si puede ayudar a descongestionar los procesos”, dijo Quintero.
El plan estratégico de transformación digital de la justicia
El programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia tiene su marco regulatorio en el documento Conpes Conpes 4042 de marzo de 2021. Allí se expone el plan para digitalizar el sector, plan que se ejecutará en tres fases: la fase uno comprende cuatro años (2021 a 2025) y la inversión de 100 millones de dólares, 95 destinados a la transformación digital de la rama judicial y cinco millones a la transformación de la rama ejecutiva, con tres objetivos claros: fortalecimiento institucional del sistema judicial; fortalecimiento de los servicios digitales y de tecnología para la justicia; y el fortalecimiento del entorno y la cultura digital.
En esta fase se espera que las necesidades jurídicas satisfechas por el sistema de justicia pasen del 40 por ciento en 2020 al 42 por ciento en 2024 y que los costos para los ciudadanos en el acceso a la justicia se reduzcan de 3.733 dólares en 2020 a 3.700 dólares en 2024.
Así mismo se espera pasar de 140.000 a 1.120.000 procesos con notificaciones digitales en 2024; aumentar la consulta de los procesos y servicios digitales de justicia del uno al 60 por ciento e incrementar de 864 a 3000 los despachos judiciales con mecanismos de acceso y transparencia en su gestión.
¿Dónde quedan las habilidades digitales?
Según Gutiérrez, otro asunto importante tiene que ver con las competencias digitales que deben tener las personas que trabajan en el sector de justicia. El experto las divide en tres habilidades principales. La primera consiste en que los servidores judiciales deben ser capaces de utilizar el hardware y el software. Hoy, la mayoría de los actores del sector saben usar las herramientas de ofimática, el correo electrónico y el software básico para operar. La segunda consiste en que deben tener la capacidad de identificar las herramientas idóneas para realizar sus funciones. Un juez no puede buscar una jurisprudencia en Wikipedia y tampoco usar las herramientas por usarlas o por demostrar que está haciendo algo nuevo. Por último, la competencia digital más importante en este nuevo contexto donde la Inteligencia Artificial generativa está disponible para todo el mundo debe tener la capacidad de evaluar críticamente el resultado de haber usado dicha herramienta.
