¿Qué pasará con los derechos del trabajador digital, ahora que la reforma laboral se hundió?

Hace algunos días se hundió la reforma laboral, una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro que suscitó bastante polémica en el sector de llamada economía colaborativa (las aplicaciones tipo Rappi, Uber y demás), ya que las obligaba a establecer vínculos contractuales con prestadores de sus servicios de la manera tradicional, es decir, pretendía que fueran contratados con todos los derechos y la seguridad social de un trabajador formal.

Se trata de una ya antigua discusión global acerca de cómo deben asegurarse los derechos de quienes viven de entregar domicilios, transportar personas o actuar frente a una cámara en un servicio de entretenimiento para adultos.

En el marco de ese debate, Alianza In, en cabeza de su director José Daniel López, fue una de las organizaciones que presentó propuestas alternativas, entendiendo la regulación como algo necesario, pero no en los términos que proponía el gobierno.

“Siempre vimos en la reforma laboral una oportunidad para proteger y formalizar a más de 120.000 personas que trabajan en Colombia como repartidores; pero una oportunidad para regular este tema con realismo y responsabilidad”, dijo en entrevista con Inteligencia Artificial Colombia. López calificó la propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno como “extremista e ideologizada” y sostuvo que obligar a todos los repartidores a ser empleados con contrato de trabajo en el código sustantivo del trabajo era una equivocación enorme.

Añadió que no todo alrededor de la propuesta de reforma laboral generó desacuerdo. Con la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez coincidieron en varios puntos, entre ellos el pago de salud y pensión, la protección ante los riesgos laborales y la transparencia algorítmica, que comprende varias medidas para permitir que los repartidores tengan un mejor acceso a la información y aclaren dudas sobre las decisiones que toman las plataformas con respecto a su trabajo.

“En lo que definitivamente no estuvimos de acuerdo fue en el tipo de vínculo, ya que el Gobierno insiste en que deben ser empleados y nosotros sí creemos que esta figura forzosa del siglo 20, que no corresponde a la realidad de la economía digital del siglo 21, iba a generar menores ingresos para los repartidores que dedican más tiempo a esto, e iba a expulsar a los que trabajan menos horas”, explicó López.

Las empresas afiliadas a Alianza In, el gremio de las plataformas de la economía colaborativa, se opusieron ferozmente a la reforma laboral bajo el argumento de que ésta podría generar la destrucción de, al menos, 80.000 puestos de trabajo en el sector, y afectaría a 75.000 comercios que utilizan los servicios de entrega de domicilios. El gremio aseguró que se dejarían de vender cerca de un billón de pesos cada año.

Desde luego, nadie se atreve hoy a desconocer que los colaboradores de estos modelos de negocio, conductores de vehículos, rappitenderos y repartidores de encomiendas merecen y necesitan protección social. La controversia es grande en el mundo alrededor de cómo hacerlo sin llevar a la quiebra a las plataformas.

¿Qué propone Alianza In?

La propuesta del gremio apunta a que los 120.000 repartidores que hay en Colombia sean incluidos en el sistema de seguridad social, con derechos a la salud y la pensión, y con cobertura del cien por ciento, mediante una fórmula en la que los trabajadores aporten el 50 por ciento y las empresas la otra mitad. El ingreso base sería calculado sobre el 40 por ciento de los ingresos de los colaboradores.

López cree que este es un tema nuevo (las plataformas de reparto no llevan más de seis años en el país) todo el sector está aprendiendo, incluso los entes reguladores y es necesario aprender de las malas experiencias y las banderas rojas que han dejado los experimentos en otros países.

“En España se tomó una decisión regulatoria desastrosa, la llamada Ley Rider obligó a convertir a los repartidores en empleados y varias empresas salieron del mercado, por lo menos 11.000 repartidores españoles se quedaron sin trabajo como consecuencia de esa mala regulación”, señaló.

Para futuras discusiones sobre la regulación del trabajo digital, el director de Alianza In advirtió que el único error que no se podría cometer es incluir a las plataformas de movilidad porque el estado quedaría en una profunda contradicción, generando una regulación para los trabajadores y al mismo tiempo no haber regulado el servicio. “Llegaríamos a una paradoja en la cual un conductor de aplicación tendría una legislación laboral, pero seguiría siendo perseguido en las calles por la policía de tránsito, y eso si no lo entendería nadie”, aseguró.

La propuesta de reforma, ciertamente, no consultaba las realidades del capitalismo del siglo veintiuno, plagado de nuevas formas de trabajo que en la reforma simplemente estaba etiquetadas como variantes de la explotación de la fuerza laboral. No dejaba una puerta abierta para un modelo regulatorio capaz de hacer respetar los derechos de los trabajadores, pero ajustado a los cambios en los modelos de negocio de nuestros días. Así que, hundida la reforma, el país se encuentra de nuevo en el tradicional limbo regulatorio. La formula que ha propuesto Alianza In no goza de simpatía en el gobierno Petro, que anunció un nuevo intento de discutir la reforma laboral en la próxima legislatura.