El ministerio del trabajo y la seguridad social de Colombia, y Alianza In, el gremio de aplicaciones de la economía colaborativa, llegaron a un acuerdo para solucionar el problema de los derechos de los repartidores de domicilios, un tema que ha generado controversia por años en el mundo. Alrededor de 120.000 personas – según cifras del gremio – trabajan en tareas del sector «delivery», que incluye entrega a domicilio de comida preparada, paquetes y mensajería.
El modelo adoptado en el acuerdo establece que el pago de la seguridad social será calculado con base en el 40 por ciento del ingreso de cada repartidor. Las empresas (conocidas popularmente como «plataformas») pagarán el 60 por ciento del aporte a salud, el 60 por ciento del aporte a pensión y el 100 por ciento del aporte a riesgos laborales. Los repartidores se harán cargo del 40 por ciento en salud y pensión.
También se estableció la posibilidad de que un repartidor pueda vincularse bajo la figura de trabajador independiente, caso en el cual se haría cargo del pago pleno de sus prestaciones, cosa que se considera improbable.
El acuerdo entra a consideración del Congreso de la República, en el marco del nuevo proyecto de Ley de Reforma Laboral que la ministra Gloria Inés Ramírez radicó ayer (24 de agosto) en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. «Es la oportunidad para avanzar en la formalización y protección de más de 120.000 repartidores sin poner en riesgo sus trabajos, ni a los más de 75.000 comercios que venden a través de estas plataformas, ni la libertad de consumo de más de 2 millones y medio de usuarios que compran a través de éstas», declaró José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.
Contexto de la noticia
La discusión acerca de la protección social de los ciudadanos que dedican horas de trabajo a las plataformas de la llamada economía colaborativa es un punto álgido en todo el mundo. Una parte de ellos dedica solo unas horas, como forma de obtener ingresos extras, pero la mayor parte se dedica de tiempo completo, como única forma de trabajo posible en economías empobrecidas, como es el caso de los países latinoamericanos.
Las altas tasas de desempleo en la región hicieron que la economía colaborativa, originalmente desarrollada para obtener ingresos extra, se convirtiera en única fuente de empleo para decenas de miles de latinoamericanos. Las empresas de este sector, casi todas ellas startups de base tecnológica, no contemplaron un modelo de negocio que incluyera la contratación formal de los repartidores. Ni siquiera es algo posible desde el punto de vista financiero, tratándose de empresas que nacen y crecen bajo el amparo de capital de riesgo y tardan muchos años en alcanzar el punto de equilibrio. Muchas de ellas ni siquiera lo logran.
En el sector de repartos de domicilio , así como en el de transporte, las startups de economía colaborativa utilizan figuras como la de socio repartidor o socio conductor, para evitar que los colaboradores sean clasificados como empleados, lo que acarrearía obligaciones salariales formales para las empresas. Las personas que trabajan distribuyendo domicilios – teóricamente – no tienen una relación laboral con las plataformas y por tanto no son sujeto de derechos prestacionales.
Los sindicatos han sido históricamente los mayorees contradictores de este modelo, pues consideran que se trata de una forma extrema de explotación laboral, en la que los trabajadores no cuentan con un salario fijo ni con las coberturas de seguridad social previstas en la ley para el trabajo formal.
Durante el gobierno del presidente Iván Duque, entre 2018 y 2022, el ministerio del trabajo y la seguridad social adelantó conversaciones con las plataformas y fue durante ese periodo que se constituyó el gremio de estas empresas, bajo el nombre Alianza In. Pero las negociaciones no concluyeron en un acuerdo, y antes de terminar el periodo de gobierno de Duque habían sido prácticamente abandonadas.
Para el gobierno del presidente Petro, la suscripción de un acuerdo como el que se anunció ayer podría implicar reacciones en contra por parte del movimiento sindical que lo apoya, y que ha sido intransigentes en el punto de la cobertura de seguridad social, la cual – según insisten – debería estar a cargo de las plataformas.
Todavía queda pendiente resolver otro punto álgido en el tema de la economía colaborativa: el de las startups de transporte, en donde el punto de conflicto radica en la resistencia de las empresas tradicionales de transporte, que ven amenazados sus modelos de negocio.
